CELESTUN. -La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó este lunes de agosto de 2026, la clausura temporal total de 17 polígonos, con una superficie conjunta de 130.8 hectáreas, ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

El operativo interinstitucional fue coordinado entre autoridades federales y el Gobierno del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán brindó el apoyo operativo y de seguridad con el despliegue de 357 elementos, que se sumaron a 15 inspectores de la Profepa, 35 elementos de la Guardia Nacional y 30 de la Secretaría de Marina.

En total participaron 437 servidores públicos en una intervención ejecutada de manera simultánea en la totalidad de la superficie identificada por la autoridad federal.

De acuerdo con la Profepa, en dichos polígonos se promovían y comercializaban lotes de los desarrollos denominados “San Josué” y “Martha Elena”, dentro de un Área Natural Protegida federal, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal que exige la normatividad aplicable.

Ante ello, se recomienda a la ciudadanía verificar, previamente a cualquier operación de compraventa, si el predio de interés se ubica dentro de un Área Natural Protegida y si el desarrollo cuenta con las autorizaciones ambientales vigentes.

Esta consulta puede realizarse de forma gratuita ante la Profepa y ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, y constituye la principal medida de protección del patrimonio familiar frente a la comercialización irregular de lotes.

La Reserva de la Biosfera Ría Celestún es un humedal de importancia internacional del que dependen actividades económicas como la pesca ribereña y el turismo, así como ecosistemas de manglar y sitios de anidación de relevancia para la región. Su preservación constituye una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno.

La participación del Gobierno del Estado se orientó a garantizar las condiciones de seguridad del personal participante, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la población durante la diligencia.

La capacidad operativa y de coordinación de las instituciones de seguridad de Yucatán permitió que una intervención de esta magnitud se desarrollara de manera ordenada y sin incidentes.

El Gobierno estatal impulsa un desarrollo ordenado, sustentable y con estricto apego al marco legal, que brinde certeza jurídica a las familias yucatecas y a quienes realizan proyectos conforme a la normatividad aplicable, con pleno respeto a las competencias de cada orden de gobierno.