PROGRESO. – Las 59 hectáreas asentadas en la zona industrial de Yucalpetén, que el Instituto de Vivienda de Yucatán regaló hace más de 10 años a precios ínfimos a su valor catastral al empresario Rodolfo Rosas Moya, deben expropiarse y regresar al pueblo de Progreso para la instalación de empresas que generen empleo para egresados del tecnológico, apoyar al sector pesquero, la construcción de la Universidad del Mar y otras escuelas, así como viviendas para familias de pescadores y empleados locales, señala el activista abogado Juan Andrés Medina Rejón.

“Esos terrenos fueron regalados a $30 el metro cuadrado, muy por debajo de su valor catastral, se pagaron $17 millones en lugar de $178 millones”, ahora valen más de 500 millones, un negociazo” puntualiza el activista Juan Medina.

El abogado Juan Medina, califica a Rosas Moya, como acaparador de grandes extensiones de terrenos del municipio de Progreso, está convertido en zar inmobiliario que tiene acaparado ex terrenos ejidales de Chelem y de casi 60 hectáreas de lotes que forman parte del Parque Industrial de Yucalpetén, que pertenecieron al ahora desaparecido Fondo Nacional de Puertos (Fondeport).

“Son grandes extensiones de terrenos ganados al mar, rellenados y urbanizados con recursos federales por el año de 1979, con la finalidad de impulsar la actividad pesquera de altura y ribereña, así como el desarrollo industrial, marítimo y portuario, no para que sean propiedad de un acaparador de terrenos y zar inmobiliario”, precisa el abogado Medina Rejón.

Menciona que al desaparecer Fondeport, las grandes extensiones de terrenos de esa zona industrial de Yucalpetén, la federación lo transfirió al gobierno del estado y pasaron a formar parte del patrimonio de la entonces Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey) ahora convertido en el IVEY.

Expone que esas 59 hectáreas, detalla Juan Medina, la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, ordenó al entonces director del IVEY, licenciado Antonio Humberto Gómez Mendoza, que se le vendan al ingeniero Rodolfo Rosas Moya, como representante de la empresa inmobiliaria Mayan Ha.

Se vendieron en total 593,930 metros cuadrados y seis centímetros cuadrados (59 hectáreas), precisa el abogado Medina Rejón, operación asentada en la escritura número 381, con fecha de 10 de septiembre de 2012, ante la fe de la notaría pública número 33 de Mérida, corresponde al predio de la calle 25 num 250 del Parque Industrial Portuario Yucalpetén, de Progreso, folio electrónico 130245.

De acuerdo con información proporcionada por el abogado Juan Medina, el metro cuadrado de las 59 hectáreas se vendieron a $30 , de modo tal que las 593,939.86 metros cuadrados, se vendieron por la cantidad de $17.818,195.

Afirma que esos terrenos se vendieron (regalaron) por debajo de su valor catastral, cuyo valor real en 2012 eran de $178.181,952. Se vendieron al 10 por ciento de su valor, se cometió un daño patrimonial, que debería ser investigado y sancionar a los funcionarios que cometieron ese despojo al pueblo de Progreso, que lo privaron de terrenos y se lo entregaron a un acaparador profesional de tierras.

El valor actual de esos terrenos en cuestión, dice Juan Medina, son de más de 500 millones de pesos, así que propone a los gobiernos federal y estatal que lo expropien a favor del pueblo de Progreso para la construcción de viviendas, apoyar al sector pesquero que padece de espacios para atracar sus embarcaciones, reubicar a las congeladoras que están en la ciudad, construir la Universidad del Mar, instalar empresas que den empleo a egresados del tecnológico de Progreso.

Asimismo, señala que el Ayuntamiento de Progreso 2010-2012, que presidió la entonces alcaldesa María Ester Alonzo Morales, se modificó el uso de suelo de la zona industrial de Yucalpetén, para que sea mixta, para beneficiar a una inmobiliaria y facilitar la compra-venta de las 59 hectáreas, por lo que considera que la ex alcaldesa priista debe ser investigada.