MÉRIDA.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informa que se han detectado casos de posibles fraudes relacionados con la compra-venta de vehículos ofertados a través de plataformas digitales y otros medios, generalmente con precios llamativos o condiciones de pago poco habituales.

En uno de estos hechos, durante un trámite de cambio de propietario se identificó una unidad con reporte de robo, por lo que se activaron los protocolos correspondientes y quedó bajo resguardo para las diligencias legales a cargo de la autoridad competente.

Situaciones como esta se han presentado cuando, previamente, las partes realizaron operaciones privadas sin revisar a detalle la documentación ni el estatus legal del vehículo.

En las transacciones entre particulares es fundamental que cada persona asuma un papel activo en la revisión de la información, por lo que se recomienda comprobar con cuidado los documentos originales, solicitar la factura de origen, corroborar la identidad del vendedor, comparar números de serie y placas con los registros y, antes de entregar dinero o firmar cualquier documento, asegurarse de que la unidad no cuente con reporte de robo, trámite que puede realizarse a través del Registro Público Vehicular (Repuve) y otros canales oficiales.

Tomarse el tiempo para analizar con calma los papeles y la procedencia del vehículo es una de las mejores formas de prevenir un delito y evitar que una “oferta” termine en una pérdida patrimonial.

También se exhorta a la ciudadanía a desconfiar de precios excesivamente bajos, evitar depósitos anticipados sin haber visto la unidad y recibido la documentación, no compartir identificaciones ni datos sensibles con desconocidos y, ante cualquier duda, suspender la operación.

De igual manera, se invita a validar cada vehículo en el Repuve y, si se detecta alguna irregularidad o indicio de delito, reportarlo de inmediato al número de emergencias 9-1-1 y presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Se reconoce a las personas que informan de forma oportuna y colaboran con las autoridades, ya que sus reportes permiten activar los protocolos de seguridad, proteger el patrimonio de más ciudadanos y fortalecer la acción de la justicia frente a quienes intentan cometer este tipo de fraudes.